El Gobierno también cesa a los dos máximos responsables al frente de los Mossos
Pablo Blazquez Dominguez/Getty
Al final, choque y abismo. El bloque independentista aprobó ayer la puesta en marcha de un proceso constituyente y proclamó, a espaldas de la ley, la “república catalana, como Estado independiente y soberano”. Lo hizo tras una votación previsible en un Parlament semivacío, con apenas el voto a favor de 70 de sus escaños. Minutos después, y tras seis horas de debate, el Senado autorizaba al Gobierno a aplicar medidas extraordinarias en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución.
Tras la votación del Senado, Mariano Rajoy convocó un Consejo de Ministros extraordinario para activar de manera rápida las primeras disposiciones dirigidas a frenar el intento secesionista. Medidas que buscan que “la Generalitat actúe conforme al Orden constitucional y legal” y que pasan, fundamentalmente, por la destitución en pleno del Govern, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre.
Además, el Gobierno acordó el registro inmediato de un 'incidente de ejecución' ante el Tribunal Constitucional con el propósito de que el alto tribunal proceda a anular la declaración de independencia.
“No se trata de suspender la autonomía, sino de devolver la legalidad y el autogobierno a Cataluña cuanto antes (...) Respondemos a unas decisiones que pretenden imponer un secuestro inadmisible a los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles” — Mariano Rajoy tras el Consejo de Ministros.
El BOE publica este sábado los últimos decretos que desarrollan esas medidas de fuerza tomadas en virtud del 155. Según el Boletín, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría asume de manera en inmediata la mayoría de las “funciones y competencias” correspondientes al presidente y al vicepresidente de la Generalitat. La vicepresidenta supervisará también las operaciones del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) y del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) con la intención declarada de impedir que los independentistas puedan materializar una Administración electrónica paralela.
El resto de los ministros del gobierno de Rajoy gestionarán las competencias de la consejería correspondiente a su área. Así, el control de la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro será asumido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que también queda al frente de las áreas de Patrimonio, Tributos y Juegos. Fomento se hará cargo de la gestión de puertos, aeropuertos y del servicio ferroviario de la Generalitat. Interior asume la dirección de la policía autonómica y la organización de las elecciones autonómicas convocadas para el 21 de diciembre. En Rajoy recaen las competencias referidas “el ámbito de las funciones de la Secretaría General de Comunicación del Gobierno y Medios de Comunicación”.
“En todo caso las anteriores habilitaciones se realizarán con sujeción a los principios de prudencia y proporcionalidad y con pleno respeto a la Autonomía de Cataluña", subraya el decreto gubernamental.
En el capítulo de ceses, el Gobierno confirma también la destitución del jefe de la policía autonómica, Josep Lluis Trapero, que se suma al cese, anunciado ayer, del director general de los Mossos, Pere Soler. También se acuerda la extinción de las llamadas 'embajadas' de la Generalitat en el exterior —a excepción de la de Bruselas, que seguirá abierta—, de la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña —creada para fiscalizar la actuación del poder judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad tras los excesos policiales del 1-O—, del Consejo Asesor para la Transición Nacional y del Diplocat, así como el cese de los delegados de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, y de su representante en Bruselas, Amadeu Altafaj.
En los decretos de desarrollo del 155 queda estipulado que la campaña electoral durará 15 días y se extenderá desde el 5 de diciembre de 2017 hasta el día 19 de ese mismo mes.
Ahora, a ver cómo responden Puigdemont y la calle.