Una investigación de Associated Press ha revisado los casos de sacerdotes "acusados de manera creíble" de abuso sexual infantil y ha encontrado que existe un vacío legal que les permite continuar con su vida con normalidad y sin supervisión
Décadas después de que la primera ola del escándalo de abuso sexual sacudiera las diócesis de EEUU, una investigación de Associated Press ha encontrado que casi 1.700 sacerdotes y otros miembros del clero "acusados de manera creíble" de abuso sexual infantil llevan una vida totalmente normal, con poca o ninguna supervisión por parte de las autoridades religiosas de la Iglesia Católica Romana o las fuerzas del orden público.
Muchos de estos sacerdotes, diáconos, monjes y laicos acusados de abuso sexual infantil en el pasado trabajan ahora con menores de edad. Los hay que son profesores de secundaria. Hay quienes trabajan como enfermeros y voluntarios en organizaciones que ayudan a niños en riesgo de exclusión social. Algunos han adoptado o cuidan a niños, viven al lado de parques infantiles y guarderías, e incluso aconsejan a víctimas de asalto sexual.
La investigación de AP señala que, desde que dejaron la iglesia, docenas de ellos habrían cometido crímenes que incluyen posesión de pornografía infantil y asalto sexual.
— Vídeo relacionado —
La reciente iniciativa de publicar los nombres de los sacerdotes expulsados de la iglesia por denuncias “creíbles” ha abierto el debate sobre la dificultad de monitorear y rastrear a los inculpados que no fueron acusados penalmente y que, en muchos casos, solo fueron retirados de la iglesia para vivir como ciudadanos seculares.
Hasta ahora, las órdenes religiosas han compartido hasta 5.100 nombres del clérigos "acusados de manera creíble" de comportamientos inadecuados, con más de tres cuartos publicados solo en el último año. Las acusaciones contemplan desde conversaciones inapropiadas y abrazos no deseados hasta sodomía forzada y violación. Cada diócesis determina su estándar para considerar si uno de sus sacerdotes estaría o no acusado con credibilidad.
La investigación de AP estudió los casos de los casi 2.000 acusados que siguen vivos para determinar dónde han vivido y trabajado desde su salida de la Iglesia.
La investigación encontró que cientos de sacerdotes mantenían cargos de confianza, muchos con acceso a niños. Más de 160 continuaron trabajando o siendo voluntarios en iglesias, incluidas diócesis católicas en el extranjero y de otras denominaciones. Aproximadamente 190 obtuvieron licencias profesionales para trabajar en educación, medicina, trabajo social y asesoramiento de jóvenes.
La mayoría de los acusados nunca fueron procesados por abuso mientras formaban parte de la iglesia. Esta falta de antecedentes penales ha destapado un área gris muy difícil de manejar. Los exsacerdotes no se ven afectados por las acusaciones cuando buscan trabajo con menores o solicitan ser padres adoptivos porque se desconoce totalmente su pasado.
Los defensores de las víctimas exigen una mayor supervisión de los casos. Sin embargo, los funcionarios de la iglesia dicen que lo que se solicita va más allá de sus competencias y las autoridades civiles alegan que su alcance se limita a las personas condenadas por delitos penales.
Esto significa que el esfuerzo de rastrear a los exsacerdotes ha recaído en gran parte sobre víctimas y organizaciones ciudadanas, cuyas quejas han logrado suspensiones, remociones y despidos. Sin embargo, las lagunas en las leyes estatales permiten a muchos exclérigos mantener sus nuevos puestos de trabajo incluso cuando sus acusaciones logran hacerse públicas.