El organismo, adscrito al Ministerio de Sanidad, ve "sólidas razones" para la "prohibición universal" de la gestación subrogada
Fotografía de Mario Tama / Getty
El Comité de Bioética de España se acaba de posicionar contra la práctica de los llamados "vientres de alquiler". En un informe publicado el viernes, este organismo asesor del Gobierno en temas de ética y salud defiende la “prohibición universal” de la gestación subrogada, al considerar que todo contrato de gestación “entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor”.
El informe considera que los distintos enfoques y las distintas propuestas regulatorias que se barajan en España son "claramente deficientes en la tutela de la dignidad y derechos de la gestante y del menor".
El organismo insiste también en "las desgraciadas experiencias de otros países" en los que está legalizada la práctica. En esas prácticas de explotación de la mujer gestante ven "una razón fuerte" para que España promueva "la prohibición de que se celebren contratos de gestación por sustitución a nivel internacional".
Las "desgraciadas experiencias de otros países" en los que está legalizada la práctica son "una razón fuerte" para que España promueva "la prohibición de que se celebren contratos de gestación por sustitución a nivel internacional", según el informe del Comité de Bioética de España
En España existe un cierto vacío legal alrededor de la gestación subrogada. La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, establece la nulidad de pleno derecho de los contratos por los que se concierta una gestación —con o sin compensación económica— a cargo de una mujer que renuncia al hijo que concibe, a favor del que la contrata o incluso de un tercero, pero no sanciona a quienes intenten llevarlos a cabo.
La nulidad de pleno derecho no implica que la gestación subrogada esté prohibida, sino que la misma no produce el efecto de que los comitentes del contrato sean considerados por el Derecho como padres de la criatura así gestado. La ley no prohíbe expresamente esa conducta, ni establece ninguna sanción al respecto. Simplemente, la criatura nace en un auténtico limbo jurídico. Sin identidad, sin padres legales en España y sin ningún derecho como ciudadano español.
A la luz de esa realidad, el informe señala la incoherencia que supone prohibir la práctica en el territorio nacional, pero reconocer después su resultados cuando se haya llevado a cabo en el extranjero. Por eso, la reforma de la normativa que proponen, "debería orientarse a lograr que la nulidad de esos contratos sea también aplicable a aquellos celebrados en el extranjero y para contribuir a la efectividad de la medida, podría considerarse la posibilidad de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad".
Cabe recordar que hace dos semanas, Madrid acogía la polémica celebración de Surrofair, la mayor feria de gestación subrogada en España, a la que acudieron una veintena de esas agencias que comercian con la gestación subrogada. La feria motivó protestas de varias organizaciones feministas agrupadas alrededor de la recién creada Red Estatal contra el alquiler de vientres. Los manifestantes habían pedido a la fiscalía la suspensión cautelar de la feria por considerar que suponía una vulneración de la legalidad vigente en España.