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Eran las diez y media de la mañana. Ocho agentes de la Guardia Civil vestidos de paisano, algunos con el rostro cubierto, acompañados por el fiscal anticrrupción José Grinda, irrumpieron en el Parlament de Catalunya y fueron directos al departamento de infraestructuras, equipamientos y seguridad.
El objetivo allí era claro: acceder a los correos electrónicos del diputado y exconseller Germà Gordó, imputado en el caso de amaño de adjudicación de obras públicas y cobro de comisiones ilegales destinadas a su partido, CDC (hoy Partit Demócrata) principalmente entre los años 2010 y 2013.
Más tarde, han intentado entrar en la Generalitat, el gobierno autonómico catalán, en busca de documentación. Pero el nuevo Conseller de Presidència, Jordi Turull, dio la orden de impedir la entrada a los agentes, informó EFE. Eso sí, les ofreció colaboración para la entrega de documentos.
Mientras parte de la oposición habló de "normalidad" en las investigaciones y apuntó a las sombras de la corrupción, la diputada de las CUP Mireia Boya ironizó en Twitter usando la frase histórica pronunciada por el general Antonio Tejero cuando irrumpió en el Congreso en su intentona fallida de Golpe de Estado el 23 de febrero de 1981: "Quieto todo el mundo".
La irrupción tuvo lugar en medio del pulso entre las instituciones políticas catalanas y españolas, enfrentadas por la celebración de un referéndum ilegal por la independencia el próximo 1 de octubre en Cataluña. El gobierno español quiere impedir que se produzca.
Además, el uso partidista de la Justicia española para perjudicar a independentistas, probado por la investigación del diario Público y el documental 'Las cloacas de Interior', han avivado el conflicto.
En la película, vetada por los medios españoles y solo emitida por TV3, la televisión autonómica catalana, se explicaron las artimañas del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, la Oficina Antifraude de Cataluña y parte de la policía española para buscar trapos sucios de líderes independentistas y divulgarlas incluso antes de que se confirmara su veracidad.
Asimismo, se vulneró la soberanía de Andorra cuando agentes españoles entraron en sus bancos para buscar pruebas contra el expresidente catalán Artur Mas y el actual vicepresidente Oriol Junqueras.