Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de enero a noviembre han fallecido en el mar Mediterráneo casi 3.000 personas. Estas constituyen el 60% del número total de muertes de migrantes en todo el mundo. Casi 3.000 personas que son el reflejo de unas políticas migratorias destinadas a cerrar fronteras y rutas, a evitar la llegada de gente. A preservar la Europa Fortaleza.

Tragedias como la de Lampedusa o el caso de Tarajal, realidades como las que se viven en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES) o noticias que revuelven estómagos como el hallazgo de los cadáveres de 26 chicas nigerianas en el Mediterráneo nos recuerdan quiénes pierden en este sistema.

Pero ¿quiénes ganan en todo esto?

La organización de investigación y periodismo PorCausa ha encontrado la respuesta. Y se llama Industria de Control Migratorio (ICM). La fundación acaba de hacer público un informe en el que por primera vez se dan pruebas de la existencia en España de toda una industria que se lucra a base de vender bienes y servicios con un solo objetivo: detener a las personas que intentan cruzar la frontera.

“No es solamente una identificación de empresas, sino también la constatación de cómo una ideología se ha transformado en una industria de la que algunos están sacando dinero”, explica Virginia Rodríguez, coordinadora del área de investigación de PorCausa. A lo largo de un año, la fundación ha recopilado de forma exhaustiva los contratos públicos referentes a la Industria de Control Migratorio, es decir, todas aquellas infraestructuras dedicadas a la vigilancia, el control, la detención, la expulsión, el mantenimiento de los sistemas fronterizos, la acogida e integración y la externalización a terceros países (estas dos últimas solo representan el 3% de los contratos analizados). El resto, el 97% de los contratos investigados, correspondían a los dos primeros “servicios”: vigilancia-control, detención-expulsión.

¿Y qué descubrieron? Un total de 943 contratos públicos entre 2002 y 2017 por valor de 610 millones de euros que se reparten entre 350 empresas. De todas, 10 acumulan más de la mitad del total de los recursos concedidos: Indra, Amper, Eurocopter, Albie, Telecomunicación-Electrónica y Conmutación, Atos, Dragados, Ferrovial, Siemens, Telefónica y GMV.

Por primera vez se dan pruebas de la existencia en España de toda una industria que se lucra a base de vender bienes y servicios con un solo objetivo: detener a las personas que intentan cruzar la frontera.

El 80% de la cuantía de los contratos identificados se destina al refuerzo de perímetros fronterizos (SIVE, mecanismos de vigilancia marítima, vallas y pasos fronterizos…) y el 17% al sector detención/expulsión. En esa categoría están incluidos tanto los vuelos de deportación como los centros de estancia temporal de Ceuta y de Melilla y los CIES. "Por volumen y dimensión puede parecer que no es muy importante pero son 74 contratos y más de 30 millones de euros destinados a la detención de personas que no han cometido ningún delito y con fines de expulsión que a veces no acaban de ejecutarse", explica Virginia en referencia a los centros de internamiento.

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La máxima beneficiaria fue INDRA, la empresa encargada del famoso Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE). “En el caso concreto de INDRA hemos identificado más de 60 contratos en los que ha participado en los últimos 15 años, o bien sola, o bien a través de una unión temporal de empresas. Esto les ha supuesto un total de 110 millones de euros de beneficio. Huímos en el informe de comparar con los beneficios netos que obtienen las empresas porque hay muchos otros aspectos que no hemos podido constatar por la opacidad del sistema. Pero como mínimo INDRA se ha llevado 110 millones de euros por ejercer actividades vinculadas al control migratorio”, explica Virginia.

Precisamente, la opacidad y la falta de transparencia es una de las principales trabas con las que se ha topado PorCausa a la hora de hacer la investigación. “Pensábamos utilizar el portal de contratación de la Administración y hacer una búsqueda. De allí vienen la mayor parte de los contratos, pero también hemos tenido que hacer peticiones a través del Portal de Transparencia y en el BOE. Cada vez que intentábamos ser más exhaustivos en la búsqueda nos encontrábamos nuevas dificultades”, incide Virginia.

Más datos: España destinó 896,3 millones de euros de recursos pùblicos a la Industria de Control Migratorio entre 2007 y 2017. “Hemos analizado el origen del dinero a través de fondos europeos, subvenciones conseguidas por FRONTEX e inversiones en infraestructuras del Gobierno y hemos encontrado que estas últimas son casi 260 millones. Es decir, el resto hasta llegar a los 896 millones viene de instituciones europeas. La UE es el principal financiador y el principal legitimador de estas políticas”, cuentan desde PorCausa.

¿Hay captura política en la Industria de Control Migratorio?

Una de las hipótesis que se planteaban desde PorCausa cuando iniciaron la investigación hacía referencia a una posible captura política o regulatoria de la industria del control fronterizo. ¿Podría ocurrir igual que pasa en la industria farmacéutica o de defensa? ¿Podrían las grandes empresas contribuir a demonizar la inmigración y conseguir así jugosos contratos por parte de los Gobiernos?

“Hablamos con expertos en el tema y hay una serie de prácticas que permitirían llegar a probar todo esto. Estamos mucho más convencidos que cuando empezamos de que existe una captura política pero, hasta ahora, por una cuestión estructural y de falta de transparencia, no hemos podido demostrarlo”, mantiene Rodríguez.

La opacidad del sistema, el hecho de que no haya obligatoriedad de publicar las agendas de diputados y políticos, ni exista una relación detallada de las donaciones a partidos y fundaciones, sumado a que muchas veces los canales a través de los cuáles se ejerce la influencia no siempre son formales y la juventud de la industria del control migratorio en España, son factores que hacen que no se haya podido demostrar que en la ICM ocurre lo mismo que en la industria de defensa. “Seguramente por el sector de la defensa podamos seguir investigando”, explica Virginia. “En el momento en el que la lucha contra la inmigración irregular y la protección de las fronteras se convierte en una cuestión de seguridad, no solo en España sino en la UE, empiezan a entrar las empresas”, añade.

Inmigración= amenaza, la peligrosa narrativa detrás de la ICM

A pesar de que cada vez se invierte más dinero en controlar las migraciones, se sofistican las herramientas y los radares y los muros se agrandan, las rutas migratorias siguen abiertas y más peligrosas que nunca. “El hecho de que cada vez sea más difícil cruzar las fronteras hace que se haya llegado a naturalizar que una persona pueda morir intentando llegar a Europa. Esto es escandaloso”, cuentan desde PorCausa.

¿Qué es lo que falla entonces?

“Las políticas migratorias están diseñadas bajo una narrativa dominante que responde a una serie de prejuicios y que está detrás del discurso antiinmigración o de fenómenos como el auge de la extrema derecha”, explica Virginia. La misma narrativa que relaciona inmigración con amenaza. La misma que influye directamente en cómo se concibe la inmigración y en las medidas que se toman para evitar las llegadas. Según FRONTEX, cada año entran en la UE aproximadamente 700 millones de personas. “Las que lo hacen de manera irregular representan una parte mínima y testimonial en cuanto a volumen pero se les ha convertido en una amenaza”, explica Rodríguez. “Se habla de crisis, de desbordamiento, términos maximalistas que refuerzan la idea de que es una amenaza y está descontrolado”, añade.

Lamentablemente, esta situación no tiene pinta de mejorar. Desde PorCausa consideran que la Industria de Control Migratorio crecerá en el futuro y "se aplicarán criterios de más eficiencia, desarrollo, inversión en tecnología, que harán que esta industria se consolide cada vez más”.