Las condiciones de las temporeras: "Una mujer embarazada sufrió un aborto por el estrés"

Varias jornaleras marroquíes están denunciando abusos laborales e intentos de agresiones sexuales por parte de sus capataces en los campos de fresa de Huelva. “No bien, no bien”, gritaron un centenar de temporeras el pasado viernes delante de la Guardia Civil de la localidad de Almonte después de presentar una denuncia colectiva.

Cerca de 400 mujeres de Marruecos llegaron hace unos meses a trabajar a Almonte. Viajaron bajo la promesa de 40 euros al día -lo estipulado en el convenio- y buenas condiciones laborales en la campaña de recogida de la fresa. Al llegar no había vivienda digna sino unos containers de doce metros cuadrados, sin ventilación, por el que cada una debía pagar 60 euros y compartir entre seis.

“No nos dieron tarjeta sanitaria. Hubo una mujer embarazada que sufrió un aborto por el estrés. No nos han pagado”, cuenta una de las temporeras en una conversación telefónica.

Después de la demanda colectiva de cien jornaleras, la empresa que las contrataba, Doñana 1998, habría intentado devolver a las denunciantes a su país.

“A primera hora de la mañana de ayer, dos autobuses llegaron a los campos. Querían borrar las pruebas y quedar impunes, pero antes de subir diez lograron escapar y nos llamaron”, dice Óscar Reina, Secretario General del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores).

El SAT avisó a la Guardia Civil, que frenó a los autobuses para evitar la expulsión. El autobús iba de Huelva a Algeciras (Cádiz) y después debían subirse a un barco con destino Tánger. Doñana 1998 expresó que el viaje se debía a su fin de contrato. Sin embargo, el contrato de varias de las temporeras denunciantes no termina hasta mañana 5 de junio.

Son mujeres casadas o con hijos. Suele ser un requisito para contratarlas: que tengan arraigo en su país de origen y no se queden en España una vez termine la temporada de recogida. Este año a Huelva han venido más de 18.000 jornaleras marroquíes. De éstas, 10.914 eran nuevas y 7.137 repetían de años anteriores. El Gobierno español tiene acuerdos con terceros países para realizar contrataciones temporales, como las campañas agrícolas.

En vez de un trabajo más, la estancia de las jornaleras extranjeras en las plantaciones españolas suele ser un infierno. “Se aprovechan de que no hablan el idioma. Lo que ocurre en muchos campos es esclavitud, versión siglo XXI”, apunta José Antonio Brazo, también del SAT.

Los campos suelen ser escenario de violaciones. Hay, además, tocamientos e intimidación. En este caso que salpica a Doñana 1998, hay tres denuncias por insinuaciones sexuales y una por abuso. Fátima, una de las temporeras que escapó ayer y prefiere no dar su nombre, narra que un jefe entró en los cuartos de una jornalera para forzarla. Entre todas resistieron.

En las campañas de recogida, los capataces o encargados ven a las chicas que les gustan e intentan abusar de ellas bajo la amenaza de que si no las despiden, dicen desde el sindicato.

“Yo no me imaginaba que esto ocurría cuando viene a trabajar”, relata Fátima.

Ella llegó el 27 de abril. Le dieron 50 euros para gastos. Desde entonces, no ha recibido más salario. Cuando le contrataron, le dijeron que se hospedaría en una casa. Luego se vio en una chabola dentro de la finca. El año pasado ardieron 200 de las casi 400 chabolas en las vivían jornaleros de otra empresa en Lepe. Desde el SAT afirman que las denunciantes han puesto encima de la mesa unas condiciones que son comunes y extendibles. La fruta que llega a nuestra mesa puede esconder tratos infrahumanos.

Las huellas de las vejaciones se ven, a veces, por las carreteras que llevan a las plantaciones. Andan jornaleros extranjeros cargando bombonas de butano porque no les ponen medio de transporte para sus compras. Fátima, a la que prometieron que recibiría 60 euros extra para su compra y que se desplazaría en un autobús, se vio haciendo autostop para comprar comida con el poco dinero que se había traído de Marruecos. La finca de la empresa Doñana 1998 se sitúa a 10 kilómetros de la ciudad.

Sin atención médica, las lesiones laborales se invisibilizan. Desde el SAT, tuvieron que acompañar una de las jornaleras al centro médico. Tenía un esguince cervical. Ella fue el detonante de las denuncias actuales. A otras les han atendido por fuerte estrés. Hace un mes, en otra plantación de Lepe, un jornalero de Gambia se suicidó. Otra vez, insisten, las protestas de ellas no son un caso aislado de los malos tratos que suceden en nuestro país.

“Lo peor es que tuvimos muchas trabas para poner la demanda colectiva. Un alto mando de la Guardia Civil me preguntó varias veces si quería seguir con la denuncia. En los Juzgados de La Palma del Condado no nos atendieron porque estaban de fiesta. Luego fuimos a Almonte donde nos dijeron que debíamos volver el lunes para tramitarla. Estamos hablando de algo serio: les han intentado expulsar y ocultar los delitos", señala Reina.

Para frenar los abusos, las organizaciones piden que el Seprona haga visitas y controles a los campos de forma continuada y sin avisos previos.

Fátima huyó por el miedo a que cuando termine su contrato la metan un bus y le den un sobre con un mucho menos dinero. Y luego imposible reclamar. Desde la empresa Doñana 1998, que niega todas las acusaciones, afirma que pagará a todas las trabajadoras.

"Aquí tenemos dudas hasta de cómo se reclutan. Queremos que se investigue porque parece que las que se mandan a los campos pertenecen a diferentes ciudades, no se conocen entre sí. ¿Es para que las protestas no emerjan, estén más solas?", afirman desde el SAT.

Entre las diez huidas, algunas dicen que a pesar de todo volverán. Con otra empresa. Porque tienen hijos y necesitan el dinero.