Málaga se ha convertido en la primera ciudad española en dictar sentencia de cárcel por un delito de maltrato animal. Carmen Marín era la responsable de una protectora de animales ubicada en Torremolinos. Ayer entró en prisión tras ser condenada por exterminio masivo de mascotas, falsedad documental y maltrato animal. Tendrá que cumplir tres años y 9 meses de condena.
Durante tres años -de 2008 a 2010- los voluntarios de la protectora estuvieron recabando pruebas para destapar las actividades de Marín. Las alarmas saltaron al descubrir que en los períodos de verano- la época del año en la que se produce un mayor número de abandonos- las tandas de exterminio llegaban a triplicarse cada semana.
Los voluntarios pudieron comprobar que la ex responsable del refugio había comprado un volumen ingente de eutanásicos. Concretamente 15 litros, 25 veces más de los que consume una clínica veterinaria en el mismo período.
Las pruebas presentadas ante el juzgado muestran que en tan solo dos años Marín sacrificó a más de 1.200 animales. La maltratadora les inyectaba una dosis menor de eutanásico para ahorrarse dinero. Algo que provocaba una muerte lenta y agonizante a los animales.
La mujer llevaba a los animales a una zona restringida donde los empleados tenían prohíbida la entrada. Allí los exterminaba. Daba igual que fueran animales sanos, jóvenes, cachorros o mascotas preñadas. Su estraegia era no tener que mantenerlos y conseguir la entrada al refugio de nuevos animales y por ende, más donaciones.
Marín también está acusada de instrusismo profesional por administrar un producto mortal sin la titulación necesaria. A los delitos se añade el de falsedad documental. La ex responsable simuló la firma y el sello de varios veterinarios de la localidad de Torremolinos para poder cobrar el servicio del Ayuntamiento.
Aparte de la pena de prisión tendrá que indemnizar a los socios del refugio de animales que pagaban una cuota anual para su funcionamiento y a uno de los veterinarios que despidió.
Marín cuenta con un patrimonio que supera la treintena de viviendas y tres locales comerciales en la ciudad de Málaga. El refugio era "una actividad económica más". Una auténtica mercenaria que hacía negocio con la muerte de los animales.