"Matar a una persona en Filipinas cuesta lo mismo que comprar un pollo en el mercado"

Cuando Edwin – nombre ficticio – se entregó a la policía admitiendo que era adicto al shabú, que es como se llama a la metanfetamina en Filipinas, no imaginaba que a los pocos meses estaría muerto.

El principio de su final empezó cuando se sometió a un tratamiento de rehabilitación tras el inicio de la "guerra contra las drogas" implantada por el presidente del país, Rodrigo Duterte, conocida como "Operation Double Barrel".

Quería vivir una nueva vida lejos de la adicción. Pero no se lo permitieron.

A los pocos días de estar limpio, se vio involucrado en un sangriento tiroteo originado por la misma "limpieza" de Duterte. El escenario fue una solitaria calle de Parañaque, una ciudad cercana a la capital Manila. ¿Los protagonistas? Unos traficantes y policías armados hasta los dientes y él, un testigo pasivo.

Su error fue encontrarse en el lugar equivocado en el momento menos oportuno. Sin ser consciente de lo que ocurriría en unos instantes, cruzó la calle y se interpuso en el camino de las balas que volaban hacia los traficantes. Al terminar el tiroteo su cuerpo sin vida yacía en el suelo. Los agentes sabían que le habían matado por error pero justificaron su muerte colocándole un arma en la mano.

"¡Él nunca llevaba armas encima! Ni siquiera había cumplido los 30 años y, además, tenía esposa e hijos que dependían de él. Estaba dispuesto a empezar una nueva vida", explica ahora su tío Jeffrey, quien, viviendo a miles de kilómetros de su país natal, pide que no se use su verdadero nombre por miedo a sufrir represalias.

Tras conseguir dejar su adicción a las drogas, Edwin murió accidentalmente en un tiroteo a manos de la policía

I. Asesinatos disfrazados de campaña por el bienestar

Edwin es uno de los más de 7.000 presuntos traficantes, adictos a las drogas o personas que no tenían ningún vínculo con estupefacientes que han muerto, a manos de la Policía Nacional de Filipinas y de asesinos anónimos llamados "vigilantes". Su exterminio comenzó cuando Duterte inició su "guerra contra las drogas" al hacerse con la presidencia el 30 de junio de 2016.

La actual campaña es una réplica amplificada de otra que, previamente, tuvo lugar cuando fue alcalde de la ciudad de Davao entre 1988 y 2016. Por aquel entonces, Duterte ordenó a la policía que se llevara por delante a otros adictos, a traficantes de drogas y a delincuentes menores, según aseguró el pasado diciembre al Senado de Filipinas el agente de la Policía Nacional, Arturo Lascañas.

Se trata de una serie de atrocidades por las cuales el cuerpo de policía y Duterte se ganaron los apodos de "El Escuadrón de la Muerte de Davao" y "El Castigador", respectivamente.

Tras ganar las elecciones, el nuevo líder dio a entender en varias declaraciones que aplicaría a nivel nacional esa misma actitud despiadada: "Si seguís consumiendo drogas, voy a mataros. No os lo toméis como una broma. No estoy intentando haceros reír. Hijos de puta, de verdad que os mataré", dijo el 4 de junio desde Davao.

Y, efectivamente, no bromeaba.

Ahora, por segunda vez, ha convertido a la Policía Nacional en su escuadrón de la muerte particular, provocando que prácticamente no exista ni un solo lugar seguro en el país.

II. Un modus operandi corrupto

Como explica la presidenta del Centro Filipino Tuluyan San Benito de Barcelona, Rosa Calipe, que estuvo en su país natal un mes atrás, y como se evidencia en el informe publicado en marzo por Human Rights Watch (HRW), el modus operandi que aparentemente sigue la policía es advertir al acusado de consumir drogas, mediante una carta o un llamada, que debe entregarse para someterse a un tratamiento de rehabilitación.

En el caso de no acatar sus órdenes, interpretan que se está resistiendo a las autoridades y acaban haciéndole una visita que, en demasiadas ocasiones, termina con un asesinato.

La actual campaña es una réplica amplificada de otra que, previamente, tuvo lugar cuando fue alcalde de la ciudad de Davao entre 1988 y 2016

Pero, ya sea porque hay muchos policías corruptos que están involucrados en el narcotráfico o por el inexplicable deseo de matar a sangre fría, no siempre se sigue el protocolo establecido. En muchas ocasiones, el sospechoso ni siquiera tiene la oportunidad de explicarse y ni se comprueba su identidad ni sus antecedentes. Solo allanan su vivienda con brutalidad, aprietan el gatillo y después se marchan impunes.

"La diferencia entre el número de asesinatos reportados y el número de casos que llegan a los tribunales es increíble", dijo a Reuters Agnes Callamard, reportera especial de las Naciones Unidas, que, al igual que otras organizaciones humanitarias de todo el mundo, denuncia estas ejecuciones extrajudiciales.

Una prueba de esta despiadada práctica es el caso de Paquito Mejos, publicado en el informe de HRW. Un exadicto al shabú que, sin esperarlo, se convirtió en víctima de cuatro hombres enmascarados que trabajaban con la policía. "Cuando vi que estaban subiendo con sus armas les dije: 'Pero él ya se ha entregado'. Sin embargo, me dijeron que me callara o yo sería el siguiente", relató a la organización humanitaria uno de sus familiares.

No pudo hacer nada. Solo permanecer inmóvil mientras sus pasos predecían el inminente final de Paquito y esperar a que sonara el eco de dos disparos que anunciaron su muerte.

Como confirma el caso de Paquito, y corroboran Jeffrey y Calipe, para justificar estos asesinatos los agentes dejan restos de shabú, municiones usadas o armas que presuntamente prueben que los acusados intentaron atacarles, que estaban incumpliendo la ley y que, por tanto, merecían morir.

En estas circunstancias, los autores del crimen suelen dejar el cadáver tirado en la calle junto a un cartel que señala que se trata de una persona non grata en el nuevo régimen establecido por Duterte: "traficante" o "capo de la droga". De este modo, evitan que cualquier policía que no tiene las manos manchadas por la corrupción o periodistas investiguen su muerte, ya que en Filipinas es común pensar que no vale la pena hacer nada por alguien con este perfil.

"Cuando vi que estaban subiendo con sus armas les dije: 'Pero él ya se ha entregado'. Sin embargo, me dijeron que me callara o yo sería el siguiente"

Estas evidencias demuestran que Filipinas vive una situación similar a la guerra del narcotráfico que aterroriza a México desde hace más de una década. Un tiempo durante el cual los carteles han matado a miles de inocentes con un único objetivo: demostrar quien tiene el poder.

III. La guerra que se ha escapado del control del presidente

Lo más sorprendente de todo es que a pesar de sus brutales declaraciones al asumir el cargo, la "guerra contra las drogas" está yendo mucho más lejos de lo que Duterte había imaginado. Además de haber despertado a unas "bestias" que ahora están fuera de control, ha propiciado el surgimiento de una guerra paralela impulsada por grandes narcotraficantes, tal y como asegura Jeffrey.

Algunos narcotraficantes locales están aprovechando las matanzas utilizando a los "vigilantes" o a policías corruptos para acabar con el narco rival o con sus enemigos. Todo apunta a que Duterte ha propiciado la expansión del poder de los narcos enmarcándose en la muerte del paria, del que todos rechazan por estar metido en las drogas. Y matar ahora, es más fácil que nunca.

"Matar a una persona en Filipinas cuesta lo mismo que comprar un pollo en el mercado", lamentó Jeffrey.

A pesar de que la "Operation Double Barrel" del presidente pretende acabar con el narcotráfico, Calipe aseguró que las principales víctimas pertenecen a la población más pobre: aquellos que no pueden sobornar a los agentes para salvar su vida y que solo consumen drogas o venden pequeñas cantidades para sobrevivir.

Para justificar las muertes, el presidente filipino aseguró en septiembre que el país se encontraba en medio de una "emergencia de drogas". Sin embargo, Reuters alegó en un informe reciente que "el número total de drogadictos, de personas que necesitan tratamiento, los tipos de drogas que están siendo consumidas y la prevalencia de la delincuencia relacionada con la droga es exagerada o defectuosa".

Estas evidencias convierten Filipinas en el escenario de un genocidio silencioso, disfrazado de lucha contra el narcotráfico, que tiene como objetivo sembrar el terror. "Hitler masacró a seis millones de judíos. Ahora, hay tres millones de drogadictos a los que estaría encantado de matar. Si Alemania tuvo a Hitler, Filipinas me tiene a mí", anunció Duterte en setiembre.

La campaña del miedo y el acoso también está provocando daños colaterales que, en algunas ocasiones, se han materializado en el sufrimiento de muchos niños. Jeffrey recordó el caso de un traficante de drogas que se enfrentó a la policía sin recordar que sus hijos estaban detrás de él. Uno de ellos acabó herido en medio de la reyerta.

Aemás de haber despertado a unas "bestias" que ahora están fuera de control, Duterte ha propiciado el surgimiento de una guerra paralela impulsada por grandes narcotraficantes

Afortunadamente, aquel niño sobrevivió. Pero, como revela HRW, hay otros casos como el de Danica Mae García, de 5 años, que perdió la vida después que la policía matara a su abuelo. Él era un adicto y ella una inocente que ni siquiera tuvo tiempo para saber qué eran las drogas.

IV. Una comunidad que sufre en silencio

A pesar de la aterradora situación que acecha al país, cuando el sacerdote filipino de la Iglesia San Agustín de Barcelona, Anthony Lauretea, estuvo allí un mes atrás, quedó impactado tras ver que gran parte de la población no hablaba de ello.

"Hay un silencio por parte de muchos miembros de la comunidad sobre lo que está pasando. Quizá porque se avergüenzan de que un familiar suyo se haya visto involucrado en las drogas o quizá porque quieren que esta problemática termine y están de acuerdo con lo que hace Duterte", explica.

La semana pasada se evidenció la discrepancia con los métodos de Duterte llegó a la clase política cuando el diputado Gary Alejano presentó en la Cámara de Representantes una acusación contra el presidente reclamando su destitución por delitos graves, traición a la confianza pública y abuso de poder.

A pesar de que la moción tiene pocas probabilidades de prosperar porque de los 292 miembros del parlamento al menos 267 se consideran sus aliados, ahora es el turno de la población civil, cuya opinión Jeffrey cree que está empezando a cambiar con el creciente número de asesinatos.