Todos tienen farmacéuticos de confianza para enviar medicamentos de manera ilegal a su país y problemas para recibir o mandar divisas
Responden al unísono: “Tooooodos”.
Cuentan cuatro venezolanos opositores a Maduro, entre una caña y unas tapas en un bar de la zona alta de Barcelona, que todos sus compatriotas que residen en la capital catalana, como ellos, tienen a algún farmacéutico de confianza que les pasa medicamentos sin receta.
“La mía es catalana con mucho acento, un encanto”, dice David Díaz, de la plataforma SOS Venezuela. “Tuve que andar por varias hasta encontrarla”.
Es una de las formas que tienen los exiliados venezolanos, desde la distancia, de ayudar a sus familiares y amigos que sufren la crisis económica, política y humanitaria que azota a un país donde cada vez llegan menos medicamentos esenciales.
Ellos los envían de manera clandestina.
Pero esta no es la única forma de resistencia. Por ejemplo, el pasado lunes, la oposición convocó para una votación para el 16 de julio a modo de desobediencia civil (aunque pedía también la intervención del ejército) contra la Asamblea Constituyente de Maduro. Pocas horas después, en los grupos de WhatsApp ya informaban los exiliados que, en España, el centro de votación sería Barcelona.
Aunque las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) cifran en 68.639 el número de venezolanos residentes en España, un estudio del Observatorio de la Diáspora coordinado por el sociólogo Tomás Páez estima que son 230.000.
En 2016 España recibió 3.960 peticiones de asilo de migrantes procedentes de Venezuela. Estas, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), superan a las solicitudes recibidas desde Siria. En enero y febrero de este año se han sumado 1.700 más, según datos avanzados por la SER el pasado mes de abril. Pocos pedidos se resuelven favorablemente y esta es otra de las adversidades contra la que intentan luchar los opositores.
La diáspora, según cifras del Laboratorio Internacional de Migraciones citadas por el diario venezolano El Nacional, ha llevado a dos millones y medio a dispersarse por el mundo, la mayoría en los últimos años, con Estados Unidos y España como principales destinos.
La inseguridad, con cifras récord de homicidios (28.479 solo en 2016), es el principal motivo para abandonar el país. Pero la crisis económica, la superinflación y la escasez de alimentos, medicamentos y otros bienes, así como la represión del régimen a los disidentes no hacen sino invitar a más venezolanos al exilio.
Medicamentos y divisas
David Díaz, el opositor que presumía de contar con una farmacéutica catalana de confianza, llegó a España en 2004, despedido de PDVSA (la estatal de petróleo) por orden del expresidente Hugo Chávez. Díaz se gasta alrededor de 600 euros al mes en medicamentos “para la tensión, el colesterol, para el azúcar, anti-epilépticos, anticonvulsivos, antipsicóticos...” y para varios miembros de su familia, según cuenta. “Lo consigo en una farmacia entre bambalinas. Me dicen: 'Como me pillen, se me cae el pelo'”.
A pesar de su esfuerzo, su padre falleció en diciembre de 2014 en Venezuela porque no le llegó a tiempo el Glutapak R, el fármaco que debía cortar unas diarreas consecuencia de la quimioterapia a la que era sometido.
Elizabeth Casañas, de Protesta Exprés, consiguió salvar a su madre después de cuatro meses intentando conseguir una válvula para el corazón que no se podía enviar por los llamados "caminos verdes" (ilegales) porque tiene que mantenerse refrigerada. “Pudo venir a ser operada a España porque es española, pero otros no tienen esa suerte”, dice Elizabeth.
Un año después, falleció en España por la misma enfermedad. Los últimos años los vivió con el corazón dividido entre el país sudamericano, donde tiene a sus hermanas, y el europeo, donde estaba su marido y la propia Elizabeth, que ahora vive con tres sobrinas suyas que no veían futuro allá.
Manifestación contra Maduro el pasado 23 de abril / Protesta Exprés
“Hace poco me pidieron un medicamento para el paciente de una amiga. Valía 500 euros. El dinero me lo mandó otro pariente desde Estados Unidos", cuenta Elizabeth. "A veces el gobierno decomisa los medicamentos que vienen de fuera y luego los revende más caros", denuncia.
Otro de los grandes inconvenientes que tienen los exiliados venezolanos en España son las divisas.
Juan Carlos Larrañaga, de 70 años, explica entre trago y trago de vodka que, desde 2015, no recibe ni un euro por su pensión y se ve obligado a vivir de lo que le pasa su hijo, que trabaja en Barcelona. Antes, da su versión sobre el control económico y "corrupto" del gobierno sobre las importaciones y los cambios de moneda.
Es responsable de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Cataluña (PEJUCAT) y mientras conversa con PlayGround le llegan mensajes de otros mayores que piden ayuda para conseguir medicamentos, o incluso de alguna compatriota de 80 años que, como no recibe la pensión, se ve obligada a limpiar casas.
Carolina Valecillos
“Y eso que nosotros tenemos un amparo legal, porque hay un convenio entre España y Venezuela para que podamos cobrar nuestras pensiones en un país y en otro”, explica. A finales de 2015, sin embargo, empezaron los retrasos en los cobros y después, directamente, dejaron de recibir las ayudas. Hasta hoy.
Estima Juan Carlos —no hay cifras oficiales— que hay 9.000 jubilados y pensionados venezolanos en España en una situación similar. En el Consulado de Barcelona, del que dependen otras comunidades autónomas, sí tiene registradas a 1.243 personas en la misma situación.
Por su parte, los estudiantes, según cuenta Leo Hernández, de 39 años y líder en Barcelona de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en el Exterior (EVE), están en situación similar. No reciben las becas y tampoco dinero de las familias, porque el control del cambio es monopolio del gobierno y para los exiliados resulta imposible enviar o recibir dinero de manera legal.
Él mismo, después de terminar un máster, no pudo pagar el título y ahora subsiste con un trabajo de administrativo en Barcelona.
Grupos de WhatsApp y documentos
Los entrevistados Leo, David, Juan Carlos y Elizabeth viven conectados al WhatsApp. En los grupos con otros venezolanos reciben las informaciones de su país, muchas de ellas producidas en audios de periodistas independientes que informan directamente por teléfono de lo que no pueden contar en los medios.
En los grupos también coordinan las acciones con exiliados de otras partes del mundo. Leo habla a diario con Utah, Miami, Madrid o Berlín sobre las acciones de otros estudiantes. Y los diferentes grupos de protesta que generan también están coordinados para acciones conjuntas.
SOS Venezuela fue el primer grupo en surgir en Barcelona, en 2014, año que marcó un antes y un después en la oposición a Maduro y en el que se empezó a disparar la emigración de Venezuela, en ocasiones por razones políticas y, en la mayoría, por falta de oportunidades.
David Díaz, su coordinador, presume de que consiguieron la mayor movilización de extranjeros en Barcelona en 2014, cuando dice que reunieron a 5.000 personas contra el régimen de Maduro. En la época, la policía autonómica estimó la asistencia en apenas un millar de asistentes, según contó La Vanguardia.
Poco después de aquello nació Protesta Exprés, una idea de Elizabeth para actos mucho menores pero que sirvieran para sensibilizar a los barceloneses de los abusos del régimen y para pequeñas estrategias de presión.
En los grupos de WhatsApp trabajan tanto la acción política de protesta como la ayuda social. Por ejemplo, “en un grupo se publican trabajos que pueden hacer los que no tienen documentos, como cuidar ancianos o animales de compañía”, cuenta Leo.
La documentación, ante la falta de asilos políticos concedidos, es un problema común, sobre todo entre los más desfavorecidos que han llegado en los últimos meses y tienen menos lazos familiares con España.
Renovar pasaportes vencidos resulta también una odisea de meses para los exiliados, según cuentan los entrevistados, que pueden quedarse indocumentados a la espera de que se renueven sus documentos.
La estudiante Andreina V. presentó a la policía una denuncia por agresión en el Consulado. Estaba allí para agilizar un trámite que se eternizaba y, al ver una acción de protesta de un compatriota, decidió grabar con el móvil. Según la demanda, una funcionaria consular le intentó quitar el teléfono a la fuerza, en vez de pedirle que dejara de grabar. En el forcejeo, según denuncia, le produzco leves lesiones.
Protestas y boicots
Los entrevistados y otros opositores cancelaron la última de las acciones de protesta planeada: dejar mensajes de rechazo en los consulados de países que se negaron en la OEA (Organización de los Estados Americanos) a abrir un corredor humanitario para que Venezuela pueda recibir ayuda exterior. Afirman que recibieron noticias de que podría haber “infiltrados del gobierno” que boicotearan el acto.
Una de sus protestas más sonadas fue un escrache al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, al que consideran "amigo de Maduro" y sobre el que dicen que “ha perdido una oportunidad histórica de fomentar el diálogo”, en palabras de Elizabeth.
También lamentan que solo el PP y Ciudadanos, partidos de los que dicen no sentirse próximos, apoyen declaraciones como la firmada el pasado 31 de mayo, a la que denominaron “Declaración de Barcelona por el respeto a los Derechos Humanos en Venezuela”. Además de los cuatro colectivos entrevistados, se sumaron a aquella declaración alrededor de una decena de entidades como la Asociación Catalano Venezolana (ASOCAVEN), Venezuelan Press o Venmundo Cataluña. Asistieron 200 personas que llenaron el salón de actos.
“No entiendo por qué cuando me quejo de que no llegan medicamentos o de la violencia contra los manifestantes me llaman ‘facha’ en España, si yo soy ecologista”, lamenta David Díaz. "A nosotros nos paga la CIA", remata con ironía Elizabeth.
En algunos actos, "pequeños grupos de izquierdistas radicales" han intentado boicotearlos señalando la deriva "golpista" de los líderes opositores y recordando las atrocidades perpetradas por los gobiernos de derecha entre el 58 y el 98. En ese período murieron 10.000 personas por la represión, según un informe de la Comisión de la Justicia y la Verdad presentado el pasado mes de marzo.
Quien presidía la Comisión es la Fiscal General del Estado Luisa Ortega, chavista que se ha convertido en enemigo del régimen de Maduro al denunciar los abusos policiales en unas protestas que han dejado ya 80 muertos desde que arrancaron por la anulación de la mayormente opositora Asamblea Nacional. Este ejemplo refleja que no hay que ser un imperialista para criticar a un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos.