Analizamos junto a expertos los aspectos legales y morales de la última orden ejecutiva de Donald Trump, y las consecuencias reales que pueda tener
Durante la campaña electoral estadounidense no era extraño escuchar, por cada brabuconada de Donald Trump, el siguiente comentario: "Una cosa es lo que ahora dice, otra, si realmente lo hará".
Pues bien, poco después de su estreno como presidente, Trump ha cumplido, de alguna manera, con la controvertida prohibición de que los musulmanes entren en Estados Unidos. Lo ha hecho a través de una orden ejecutiva firmada el pasado viernes que contempla lo siguiente: ningún ciudadano de Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán, y Yemen puede entrar en Estados Unidos en los próximos 120 días.
Pero eso no es todo. En el mismo plazo, EEUU tampoco emitirá ningún nuevo visado de refugiado, sin importar el origen. Además, las personas procedentes de esos países con una Green Card —permiso de residencia en EEUU— tampoco podrán entrar en el país si viajan desde sus países de origen. Esto afecta también a quienes compartan la nacionalidad estadounidense con la de cualquiera de los países de la lista.
Ilegal e inconstitucional
El abogado, profesor y escritor Jonathan Hafetz, miembro de la American Civil Liberties Union y una de las voces más relevantes contra el encarcelamiento de presos en Guantánamo, dice:
“La orden ejecutiva es inconstitucional e ilegal. Destruye la igualdad de todas las personas ante la ley, va directamente en contra de la Primera Enmienda de la Constitución; discrimina por religión al hacer una excepción a la entrada de cristianos de esos países, impulsa la detención de individuos que legalmente residen en los Estados Unidos y va en contra de la Convención Internacional del Refugiado firmada por EEUU”.
“Es un verdadero desastre político, que ya tiene sus primeras consecuencias en forma de sufrimiento humano. Esto deja a EEUU en una muy mala posición internacional, más siendo la inmigración una de las piezas claves de la historia del país”, añade Hafetz.
La orden ejecutiva es inconstitucional e ilegal. Destruye la igualdad de todas las personas ante la ley, va directamente en contra de la Primera Enmienda de la Constitución; discrimina por religión al hacer una excepción a la entrada de cristianos de esos países, impulsa la detención de individuos que legalmente residen en los Estados Unidos y va en contra de la Convención Internacional del Refugiado firmada por EEUU
Por su parte, uno de los abogados constitucionalistas más importantes de EEUU y simpatizante del Partido Republicano, Bruce del Valle, sostiene que “si estuviéramos hablando de la Alemania nazi y de que Estados Unidos prohíbe la entrada al país a alemanes nazis, sería la decisión correcta. Trump no ha hecho más que confirmar las amenazas que de esos países ya había detectado la administración Obama. Los 7 estaban en la lista de Obama”.
Pero Del Valle añade: “Lo que queda menos claro es que ciudadanos con Green Card no puedan entrar ni salir del país, porque tienen derechos de propiedad y libertad de movimiento. Eso sí que sería algo ilegal, porque viola la Constitución. Tenemos que ver cómo se corrige. De los 109 detenidos hasta ahora en los aeropuertos, quienes tenían Green Card eran una inmensa minoría”.
Fiscales, jueces, funcionarios y fuerzas del orden desobedecerán
En las última horas, 16 fiscales generales de diferentes Estados de EEUU han anunciado que se oponen a la orden ejecutiva. Algunos jueces han echado para atrás los efectos legales de la medida para casos concretos de personas que han sido detenidas en los aeropuertos, y diplomáticos, funcionarios gubernamentales y fuerzas del orden como la policía de Los Ángeles han anunciado que desobedecerán el decreto, por considerar que va en contra de la ley.
Aunque el Congreso, de mayoría republicana, no parezca que vaya a echar atrás la ley (los líderes del partido han mostrado su unidad con el presidente), Hafetz confía en que este decreto tiene que aplicarse en Cortes de Justicia concretas y que las decisiones de los jueces la dejarán sin validez. Pero, ¿podría ir Trump a por ellos?
“Los jueces están blindados porque en EEUU el poder judicial tiene una independencia total. Si hablamos de que Trump va a perseguir a los jueces que echen para atrás los efectos de su Ley Ejecutiva estaríamos hablando de una crisis constitucional y democrática”, dice Hafetz.
Sin embargo, las represalias sí que tendrían más probabilidades de caer sobre los funcionarios del Gobierno que se nieguen a cumplir con las deportaciones. Por eso, el abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Harvard Ian Samuel se ofreció el fin de semana a representar gratis a cualquier funcionario que incumpla la nueva medida de Trump.
“Los servidores públicos pueden ampararse en que estarían desobedeciendo un decreto ilegal que va directamente contra la Constitución”, asegura Samuel, en conversación telefónica.
“Estamos hablando de una administración que se está mostrando muy buena en el caos y en el desorden, y muy hábil en el momento de tomar estas decisiones. Trump, de hecho, no ha firmado un decreto en el que prohíba la entrada de los musulmanes a Estados Unidos, como dijo en campaña, pero sí ha establecido la prohibición a ciudadanos de países cuya población es musulmana por encima del 99%, y con excepciones para los cristianos. Esto, de todas formas, no deja de hacer la ley inconstitucional por un elemento de discriminación religiosa, además de otros”, añade Samuel.
Fractura social
La decisión de Trump ha desatado una nueva ola de manifestaciones que el fin de semana se vio reflejada en los principales aeropuertos del país.
“Cada día que pasa vemos nuevas protestas por las decisiones incorrectas de esta administración. Hay una gran mayoría en este país que no quiere a este presidente y esa es la imagen que espero que el mundo se quede, a pesar de estas medidas vergonzosas”, afirma Samuel.
Bruce del Valle, sin embargo, considera que este clima social enriquece el debate democrático en el país y que tan solo representa el enfado de quienes han perdido las elecciones. “Hasta ahora, Hollywood daba un discurso y la gente votaba lo que ellos querían. Ahora ya no es así y están enfadados y salen a la calle”.
Y prosigue: “Toda la gente que sale a protestar ahora por la orden ejecutiva no estaba delante de la Casa Blanca pidiéndole a Obama que dejase de lanzar bombas en Oriente Medio. Nosotros hemos provocado esta situación con las guerras en Oriente Medio. El punto no es si dejamos entrar a ciudadanos sirios o iraquíes, si no que dejemos de provocar las situaciones que traen estas consecuencias de países lejanos”.
Si la provisión es para 120 días, ¿quién no dice que esto se amplíe? Esperemos que las decisiones judiciales dejen este decreto en algo insignificante
Dejando esas consideraciones al margen, la realidad política y legal es la que es, y para Hafez la promulgación por vía ejecutiva de una ley inconstitucional sería merecedora de un impeachment al presidente. “No se comporta como un presidente de los Estados Unidos”, dice el abogado, buen conocedor del sistema legal estadounidense como experto en derecho constitucional, derechos humanos y seguridad nacional. Ian Samuel, por su parte, concluye desde Harvard: “Si la provisión es para 120 días, ¿quién dice que esto no se vaya a ampliar? Esperemos que las decisiones judiciales dejen este decreto en algo insignificante”.
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Actualización 31/01/2017:
A las pocas horas de la publicación de este reportaje, la administración Trump despidió a la Fiscal General en funciones de los Estados Unidos, Sally Yates, nombrada por Obama, después de que esta diera una comparecencia en la que instaba a los funcionarios judiciales a desobedecer la orden ejecutiva de Trump sobre la inmigración. El presidente ha nombrado a Dana Boente, fiscal general del distrito Este de Virginia para sustituir a Yates en el cargo, hasta que el Senado confirme el nombramiento del senador Jeff Sessions, de línea dura conservadora y antiinmigración.