Berta Cáceres fue una reconocida activista ambientalista de Honduras que combatió los proyectos hidroeléctricos y mineros en su país. En 2015 fue galardonada con el premio Goldman, considerado el Nobel del medioambiente, por intentar frenar el deterioro de la Tierra y defender los Derechos Humanos. Y durante sus 24 años de activismo fue amenazada en múltiples ocasiones.
El 3 de marzo de 2016 su voz fue acallada al ser asesinada a tiros en su casa, en la ciudad de La Esperanza. Después de que, en el último año, su familia haya señalado que su activismo había sido el detonante de su muerte, un informe internacional ha confirmado esta posibilidad.
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Los ejecutivos de la empresa hondureña Empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), responsable de la hidroélectrica Agua Zarca cuya actividad fue entorpecida por Berta, fueron los autores intelectuales del asesinato de una activista lenca que solo quería mantener la purificación de los ríos de su país. El informe también apunta que contaron con la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado
El documento, llamado Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres, no ha aportado novedades a su familia. “No es una sorpresa. Siempre dijimos que nuestra principal sospecha provenía de una autoría intelectual procedente de ese lugar (DESA), siempre hemos pedido una investigación”, dijo a EFE Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de la activista coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
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Su familia ya había señalado al Estado hondureño de ser “responsable” de su muerte por no haberla protegido lo suficiente, recordó su hija. A pesar de haber sido amenazada por DESA desde 2009, cuando encabezó movilizaciones contra la construcción de una hidroeléctrica, su gobierno no evitó que los "poderosos" acabaran arrancándole la vida. "Hemos reclamado la responsabilidad del Estado por su deber de protección. Ella tenía medidas cautelares y esta omisión fue muy propicia para que se ejecutará el crimen", indicó.
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Las autoridades del país tampoco han hecho lo suficiente para resolver uno de los asesinatos a activistas ambientalistas más sonados de los últimos años. El único resultado que se ha obtenido por el momento es el arresto de ocho personas, entre las cuales presuntamente figuran los autores materiales. Pero, no han aportado pistas que señalen a los presuntos autores intelectuales. El Ministerio Público de Honduras "no ha tenido la voluntad de hacer justicia completa y, por contrario, ha tratado de encubrir a los poderosos involucrados", denunció en su discurso Berta Flores, madre de la activista.
Ahora que, según la hija de Berta, el informe aporta “pruebas suficientes para perpetrar detenciones de inmediato”, espera que las autoridades hondureñas “capturen, enjuicien y condenen” a los que decidieron que su madre debía morir para preservar sus intereses.